Amnistía Internacional elaboró un informe donde formula una serie de acusaciones contra las políticas del gobierno de Israel y la naturaleza del estado israelí.
Según el informe, Israel niega deliberadamente a los palestinos sus derechos y libertades básicas, discrimina a los árabes israelíes; niega a los refugiados palestinos y sus descendientes el derecho a regresar a la tierra; y recurre a la tortura y los homicidios ilegítimos tanto en Israel como en los territorios ocupados. Amnistía afirma que Israel considera a los árabes palestinos como racialmente inferiores y ha definido a Israel como un “Estado de apartheid”.
El informe afirma que los palestinos en Cisjordania y Gaza antes de 1967 tenían el control del 100% de la tierra, mientras que bajo la ocupación de Israel controlan un minúsculo 40%.
Los palestinos no tenían autonomía ni un estado bajo la soberanía jordana. Jordania anexó el territorio asignado a los árabes palestinos, expulsó a los judíos de Jerusalén Este y les negó el acceso a los lugares sagrados. Jordania otorgó la ciudadanía a los palestinos en Cisjordania y a los refugiados palestinos (por cierto, el único país árabe que lo hizo) pero no les concedió independencia. Gaza por su parte estuvo gobernada primero por un protectorado palestino débil y sin recursos y luego por un gobierno militar de la República Árabe Unida. El líder egipcio se comprometió a dar a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) el control total de Gaza, pero esa promesa nunca se cumplió.
Bajo Israel, Jerusalén se abrió a todas las religiones, y se permitió que continuaran los lazos comerciales con Jordania. Israel también abrió su mercado laboral a los trabajadores árabes.
Tras el proceso de Oslo, Israel ofreció la mayor parte de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este a los palestinos para construir su propio estado. Sin embargo, el liderazgo palestino rechazó estas concesiones.
Esos rechazos se convirtieron en tragedia cuando la violencia de la segunda intifada estalló y cobró la vida de más de 1.000 israelíes. Un viejo halcón como Ariel Sharon entendió que retener los territorios palestinos contra su voluntad no era posible ni conveniente para mantener el carácter judío y democrático del estado de Israel. Así procedió a retirarse de Gaza y desmantelar los asentamientos en el norte de Cisjordania. La violencia organizada de Hamás y los bombardeos desde Gaza obligaron a Israel a defenderse. Tales actos de autodefensa a menudo fueron condenados por la comunidad internacional como “desproporcionados”, pese al incluso después de que se mostrara abiertamente la crueldad de Hamás. Además, Gaza no fue considerada como libre de ocupación sino como una “prisión al aire libre” porque Israel impuso un bloqueo en un territorio dominado por un enemigo despiadado.
Imagínese una situación en la que la población negra en Sudáfrica se hubiera negado a aceptar la decisión del gobierno sudafricano de principios de la década de 1990 de desmantelar el apartheid y, al mismo tiempo, hubieran recurrido a la violencia y apelado a la comunidad internacional para que condenara a Sudáfrica. Aclaro que no estoy comparando a Israel con Sudáfrica del Apartheid.
Sin embargo, admito que, si Israel anexa Cisjordania, tendrá que decidir entre proporcionar o no la ciudadanía a los palestinos. Si Israel elige lo primero, tarde o temprano es probable que la solución de un solo estado termine en una guerra civil similar a la de 1948. Si Israel opta por lo último, podría llegar a un estado de Apartheid. Sin embargo, Israel hasta ahora no ha anexado Cisjordania y es poco probable que lo haga en el futuro.
Amnistía está en lo correcto al protestar por la expansión de los asentamientos en Cisjordania y por restricciones impuestas a los palestinos de Cisjordania para construir en la zona C (la única zona de los territorios ocupados donde Israel tiene el control total según lo estipulado en los Acuerdos de Oslo, que es 60 % del total de Cisjordania). También coincido con Amnistía en que se debe permitir que los árabes construyan en esta área. De hecho, el actual gobierno de Israel ha comenzado a permitir que los palestinos construyan viviendas en el Área C y ha ordenado que se retrase la construcción de nuevas unidades judías en el área.
Amnistía también cita la Ley del Estado-Nación como una muestra de Apartheid. Esta ley legaliza el estatus de Israel como el hogar nacional del pueblo judío y critica a Israel por las desigualdades existentes entre judíos y árabes israelíes.
El Tribunal Supremo de Israel declaró constitucional la ley siempre que se interprete teniendo en cuenta las leyes básicas de Israel sobre la dignidad humana, que son aquellas que abordan específicamente las libertades individuales y otras pautas que protegen la igualdad ante la ley y los derechos de las minorías.
De hecho, la ley se puso a prueba cuando un tribunal inferior invocó la ley del estado-nación judío para rechazar las solicitudes de financiación para el transporte escolar de estudiantes árabes en la norteña ciudad de Karmiel. A continuación, un tribunal de apelaciones del distrito de Haifa rechazó esa decisión dejando claro que la ley no podía utilizarse para limitar los derechos de los árabes o de otras minorías.
También es importante señalar que el concepto de estado judío para los judíos no es diferente que la noción de un estado alemán para los alemanes o un estado francés para los franceses. La autodeterminación nacional no contradice la democracia ni el respeto de los derechos individuales y civiles de las minorías.
Es cierto que hay disparidades sociales entre judíos y árabes (como las hay entre judíos y judíos). Pero Israel no es el único país que enfrenta estos desafíos. Naciones occidentales desarrolladas, incluido el país anfitrión de Amnistía, Gran Bretaña, tienen disparidades raciales y sociales. Las democracias, incluidas las más avanzadas, aún son proyectos incompletos e imperfectos.
En otras palabras, es importante distinguir entre situaciones problemáticas y un estado que se rige por las rígidas leyes del Apartheid.
El sistema legal del Apartheid no está sujeto a interpretación. La discriminación es legal, vinculante y obligatoria. Las leyes del Apartheid no dejan lugar a interpretaciones constitucionales.
El informe de Amnistía está más dominado por su sesgo que por la búsqueda de la verdad. ¿Porque habría Amnistía de abogar por el retorno d ellos refugiados palestinos y sus descendientes cuando eso es parte de la negociación entre las partes y además de eso significa la destrucción de Israel como estado judío? ¿Porque Amnistía haría responsable a Israel de la existencia de campos de refugiados cuando son los países árabes y las Naciones Unidas quienes los estimulan en todo el Medio Oriente y cuando la mayoría abrumante de los palestinos vive bajo el gobierno de la Autoridad Palestina o de Hamas? ¿Dónde está la responsabilidad del lado palestino o incluso del lado árabe?
Con respecto a la acusación de que Amnistía es antisemita es importante aclarar que la idea sionista era proporcionar un estado nacional al pueblo judío para brindar seguridad a una comunidad insegura entre la comunidad de naciones. Parafraseando a Rousseau, diría que la legitimidad y existencia del Estado de Israel es parte de la “voluntad general” del pueblo judío. (no necesariamente con la voluntad de todos). Considerando que los judíos en general sienten que Israel significa algo para ellos, tal informe tiene un efecto dañino en los sentimientos y en la sensación de seguridad de estos. Analizando en la línea de William James, diríamos que el antisemitismo, por lo tanto, debe definirse en términos de sus consecuencias, incluso si concediéramos el beneficio de la duda a las intenciones de Amnistía.
Publicado en diariolasamericas.com viernes 11 de febrero de 2022.
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