Llamativo el caso de Gabriel Boric. En una década pasó de ser dirigente estudiantil a presidente de Chile, de la protesta callejera a La Moneda. Compitió porque era el único en ese grupo generacional que reunía la edad mínima, candidatura que además había sido rechazada por varias figuras nacionales. Superó varios obstáculos, ya que solo logró reunir las firmas necesarias muy poco antes del límite legal y con mucha polémica. Le ganó la primaria al rival comunista, donde se le concedía solo un rol testimonial y, por último, salió segundo ante el candidato de la derecha en la primera vuelta de la elección presidencial. Ha sido un éxito personal, pero también fruto de una transformación cultural, que antecedió a la victoria electoral, y un ascenso generacional que coincidió. El éxito ha sido también colectivo, con un Frente Amplio, mucho más parecido al Podemos español que al uruguayo del mismo nombre, compartiendo también con los ibéricos la influencia ideológica de Ernesto Laclau.
Una vez electo, ha gozado de una verdadera luna de miel con conocidos medios de comunicación liberales y progresistas en Europa y Estados Unidos, que le han perdonado hasta las posiciones antisemitas personales y de su grupo político. Por su parte, la prensa chilena le ha dispensado un trato mejor que a todos quienes le antecedieron, hasta con una dosis televisiva de culto soft a la personalidad, inédito en democracia.
Sin embargo, lo más probable que el legado y la suerte de un gobierno que se ha autodefinido como transformador y continuador de la obra de Salvador Allende, no dependa tanto de lo que haga y deje de hacer, como de lo que ocurra en un lugar para el que no fue electo, cual lo es la Convención Constitucional.
Su propia gestión va a estar marcada por las enormes expectativas y por una serie de contraposiciones, todavía no resueltas. La primera es interna a su coalición de gobierno, y es entre su Frente Amplio, exponente del nuevo progresismo latinoamericano y el Partido Comunista de raigambre centenaria, y representante de la izquierda más tradicional. También se ve en la tensión presente entre la utopía y el realismo, entre lo temporal y lo substancial, entre la novedad y lo destinado a perdurar. La rigidez de lo prometido versus lo imprevisto que se le aparece a todo gobierno, tal como le pasó a Piñera con el terremoto de 2010 y el estallido en las calles en octubre del 2019. La dialéctica de la popularidad inmediata y necesaria para sacar adelante los cambios que propone versus los cambios estructurales de largo plazo.
El presente versus el futuro, estando todavía fresco lo que le ocurrió a Bachelet en su segundo mandato, donde el fuerte apoyo electoral a su programa de reformas devino en fuerte disminución de respaldos al finalizar el mandato, tanto que permitió el regreso de Sebastián Piñera.
En un contexto de normalidad, muchos de los problemas y soluciones pueden depender de su gobierno, pero en Chile se añade un factor de incertidumbre, generado por algo mucho más relevante que un gobierno que tiene fecha de inicio y de término. Hablamos del proceso constituyente, llamado a diseñar las reglas del juego, al menos por varias décadas.
De mantenerse el itinerario, esta Convención debiera terminar su mandato el 4 de julio, para que su propuesta de nueva constitución sea plebiscitada, probablemente en septiembre, y de ser aprobada, sería el inicio de una profunda refundación de Chile, y el inicio o consolidación de las transformaciones que propone Boric. Si es rechazada, se mantiene la actual, la que dependiendo de a quien se le pregunta, es la de Augusto Pinochet (la del 80) o la del socialdemócrata Ricardo Lagos (ya que lleva su firma desde el 2005).
Y ello es así también por el hecho que el Congreso está empatado, y casi todo lo que propone el nuevo presidente, necesita cambios legales o constitucionales. Esa es la ligazón que une a Boric con la constituyente, y la derrota de esta sería también y predominantemente, la de Boric.
El problema para el nuevo presidente es que se ha comprometido a no inmiscuirse en el funcionamiento de la Convención, y se espera que dado el empate que existe en el Congreso, no existan grandes novedades legislativas, hasta que tenga lugar el plebiscito de salida. La dificultad de Boric es que la elección de 155 constituyentes entregó un resultado inédito, con presencia de su Frente Amplio, pero aún más fuerte de electos que están a la izquierda de él y con una disminuida presencia de la concertación socialdemócrata y social cristiana, y una menguada representación de la derecha, es decir, las fuerzas que se alternaron en el poder los últimos 30 años. En otras palabras, existe hoy una mayoría para una refundación muy radical de lo que se ha conocido como Chile.
Con Boric triunfó una sensibilidad más que una ideología, y esa es una diferenciación importante, toda vez que en la constituyente predomina una simplificación de un país injusto, desigual y dividido entre buenos y malos. Lo que ha sido aprobado por los dos tercios de los convencionales, es un recordatorio del daño que le ha hecho al país, la idea errada de su “excepcionalidad”.
Para la generación anterior, era la idea que en Chile no se daban golpes de estado hasta que llegó Pinochet a demostrar que no era cierto, y para los últimos años era la idea de la solidez de las instituciones políticas y económicas, las que resistieron en mala forma a la violencia callejera, toda vez que aparecieron propuestas y personas, que hasta entonces no habían logrado salir de la marginalidad.
De hecho, el debate público dejó de estar dominado por la idea de acercarse al desarrollo, ya fuera para imitar a Finlandia o Nueva Zelanda, reapareciendo domicilio en la experiencia latinoamericana, sea la descentralización a la peruana, el indigenismo (sin los porcentajes poblacionales) a la boliviana o el mercado a la argentina.
El principal problema no es ni mucho menos lo anterior, sino que lo aprobado por los dos tercios de los constituyentes, ya que se muestra una gran experimentación, no solo normas que no tienen base en la tradición constitucional chilena, sino tal como la palabra lo indica, normas que no han sido aprobadas antes en otros países.
Va apareciendo una constitución postmoderna, ya que quizás por vez primera se innova en el sentido que los derechos pasan a depender de las identidades de las personas, de su pertenencia a grupos determinados más que de su ciudadanía. Es lo que ocurre con el sistema de justicia, en que desaparece la noción de un poder judicial radicado en una Corte Suprema, para dar paso a un sistema donde en vez de uno coexisten 10 o 11, dependiendo de la etnia a la que se pertenece. Esta propuesta va más allá de otras experiencias nacionales, las que habían sido mucho más limitadas y bajo la autoridad de un solo sistema. Lo que surge en Chile es un pluralismo jurídico donde todos ellos tienen similar cabida. Y es en ese sentido que se modifica la noción de igualdad ante la ley.
En otras palabras, la idea de refundación de Chile ha hecho correr el cerco de lo posible, hasta hacer casi irreconocible a algunas de las nuevas normas que se proponen. Se deconstruyen y demuelen instituciones que vienen desde los orígenes del país como es el caso del Senado.
Es una constitución que no busca ser la casa de todos, sino concretar una veta utópica, donde los derechos se otorgan con un nivel de detalle impropio de una carta fundamental, más bien reglamentario. Se legisla como si de un nuevo parlamento se tratase. En el fondo, quizás la convicción que va a ser difícil volver a obtener semejante mayoría a favor de la refundación. Una mayoría que está demostrando que puede aprobar esas normas, alcanzando sin dificultad los 2/3, y materializando la idea de que se está escribiendo sobre una página en blanco.
Para Boric surge el problema real de cómo se van a poder financiar las reformas prometidas o los derechos otorgados por la nueva constitución. En un país minero, la idea de estatizar los yacimientos implica al menos US$65.000 millones de compensación y otros US$50.000 millones para operarlos hasta el año 2030, siempre que no haya muchas querellas, toda vez que existen muchos tratados de inversión con otros países. Además, en un contexto de poseer mucho litio sin explorar y un cobre en alza, por su importancia para la transición energética.
Se hace presente con fuerza el llamado “adanismo” latinoamericano, la idea de siempre partir del principio y sin mucha consideración para la factibilidad financiera o técnica. En otras palabras, no basta el entusiasmo, ya que no todo deseo es una necesidad ni toda necesidad, un derecho. El peligro para Boric es que la Convención ha actuado más bien al servicio de agendas particulares, con especial acento en lo identitario, y en el victimismo, donde la búsqueda de privilegios también se presenta en nombre de los derechos, pero donde todavía los derechos garantizados y exigibles, pueden derrotar al rechazo en el plebiscito.
El presidente y el Frente Amplio tienen sus propios problemas y a un sector relevante del país le molesta la imagen que la historia parte con ellos, que antes no se habría hecho (casi) nada y sobre todo, los discursos de la corrección política y la superioridad moral. Boric puede influir por múltiples vías sobre la Convención ya que necesita el triunfo para cumplir lo prometido, y el rechazo sería su derrota, pero no está claro que lo quiera hacer, por lo que para él, la prueba última será como evitar que el peso de las expectativas se transforme en frustración.
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